La nueva ley, conocida como SB 4, prohíbe las ciudades santuario –jurisdicciones que escogen no cumplir con la ejecución de la ley de inmigración federal– y da a los oficiales de policía la libertad para pedir informe del estado de inmigración de las personas, ordenando la cooperación con las autoridades de inmigración federales. Los cabezas y elegidos del departamento local del gobierno que no cooperen con los “captores” de la inmigración federal están sujetos a penalización que podría venir como tiempo en prisión o multas que exceden los $25,000. Por otro lado, el gobierno de México se ha asoció con otro municipios demandando al estado de Texas por esta nueva ley, después de que ésta comenzó a levantar preocupaciones en la comunidad Mexicana.
Abogados del gobierno Mexicano argumentan que esto fuerza a México a tratar a Texas de un modo distinto en comparación a otros estados, y que interfiere con intereses diplomáticos y negociaciones en proceso a una gran escala, desde intercambios hasta seguridad.
Los oficiales del Condado de Los Ángeles votaron para limitar la habilidad de los agentes de inmigración para llevar a cabo arrestos por deportación en propiedades del condado. Bajo esta política, dichos agentes necesitarían una orden judicial para entrar en áreas privadas de edificios del Condado de Los Ángeles, incluyendo hospitales y oficinas del condado. Además, el Senador de Connecticut Richard Blumenthal lidera el cargo contra dichas políticas de aplicación inmigratoria. Blumenthal renovó el llamado hacia Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement) para respetar locaciones sensibles como son escuelas, iglesias y hospitales, y “zonas seguras” establecidas donde inmigrantes no temerán ser acorralados para deportación.
En adición, la Casa Blanca emitió una Declaración de Principios y Políticas de Inmigración que se enfocó en cambios para la seguridad de la frontera, niños extranjeros que no están acompañados, reforma de asilo, regresos repentinos de la frontera, la expansión de la definición de extranjeros inadmisibles a los Estados Unidos, ejecución interior, autoridades de inmigración, asociaciones con estados y localidades, exceso de estadías con respecto a la visa y sistema de inmigración basado en méritos.
Como resultado, las opiniones permanecen divididas, mientras, Oficiales de inmigración Federal buscan expandir celdas de prisión en Minnesota y otras partes del país. Inmigración y Control de Aduanas ha enviado peticiones por información que identifique St. Paul y tres otras ciudades –Chicago, Detroit and Salt Lake City– en las cuales la agencia investiga para posiblemente expandir los sitios de detenimiento. El vocero de la ICE en St. Paul Shawn Neudauer estableció que la agencia no discute negociaciones de contrato. Y el vocero de Salt Lake City Matthew Rojas dijo que la respuesta inicial del Alcalde fue preocupación.
Independientemente de lo que ocurra con esta nueva instalación potencial, el Oficial de Información Publica de Salt Lake City Greg Wilking comenta que le departamento no tiene tiempo para tomar parte en la Aplicación de leyes de inmigración. “Nosotros no revisaremos los estados de inmigración de las personas”, dijo. “Queremos construir confianza en la comunidad. Queremos tener relaciones con las personas de las comunidades a las que servimos.” Con muchas preguntas sin respuesta, el mensaje para la comunidad inmigrante de Salt Lake City se mantiene igual.
Ahora, Inmigrantes han podido vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo un programa llamado Estado de Protección Temporal (Temporary Protected Status) que escuda algunos inmigrantes de la deportación. EL permiso debe ser renovado periódicamente por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), y en las próximas semanas la agencia decidirá el destino de unos 195,000 Salvadoreños, 57,000 Hondureños, 50,000 Haitianos y 2,550 Nicaragüenses. Este programa pronto expirará para 300,000 Centro Americanos que residen legalmente en los Estados Unidos, pero la administración de Trump no ha indicado sus planes para renovar el beneficio. Su predicamento no es tan conocido como el de los “Soñadores” (Dreamers), a quienes se les ha permitido quedarse bajo el programa de Acción Diferida para Llegadas Infantiles (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programa que actualmente esta siento cancelado. El mes pasado el Presidente Donald Trump anunció el final para el programa, pero estableció que aquellos cuyas autorizaciones estuviesen a seis meses de expirar podrían aplicar por renovación, siempre y cuando lo hiciesen antes del 5 de Octubre. Aun así, unos 21,000 jóvenes inmigrantes, munchos de ellos traídos al país de manera ilegal de niños, no aplicaron para la renovación de su estado de inmigración a tiempo.
Bajo estas circunstancias, el final de las protecciones del TPS podría tener un amplio rango de consecuencias, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston y Washington, donde muchos de los beneficiarios y sus hijos nacidos en los Estados Unidos residen. Con todo, los oficiales de inmigración mencionan que el programa nunca fue establecido con la intención de dar a los inmigrantes una vía para permanecer indefinidamente en los Estados Unidos.
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